5G: desafío para la regulación y la innovación

Jorge Atton Palma

Recientemente la industria de telecomunicaciones, el gobierno y la academia dieron la partida comercial de 5G en Chile. Este hito tiene simbolismo para una administración que culmina dejando al país a las puertas de un nuevo salto tecnológico, tras un período marcado por la incertidumbre en el uso y acceso a concesiones de espectro radioeléctrico para servicios móviles convergentes.

El congelamiento de bandas en 2018, el dictamen de la Corte Suprema que determinó límites a la concentración de este recurso y la judicialización del concurso 5G -que finalmente pudo llegar a puerto- delinearon un clima de tensiones industriales que aún perdura. Se ha dicho, aunque quizás no lo suficiente, que 5G es mucho más que la mera evolución de 4G. 5G impulsará la cuarta revolución industrial como soporte de la automatización, del Internet de las Cosas y la inteligencia artificial.

Bajo ese prisma, 5G es una nueva matriz habilitante de la innovación y su tratamiento regulatorio debe apuntar hacia ese fin. Hemos observado en los últimos gobiernos una tendencia preocupante en la entidad reguladora del sector, que ha ido perdiendo relevancia en la definición de las políticas públicas de largo plazo, relativizando muchas veces sus facultades constitucionales y traspasando, innecesariamente a otras sedes institucionales, decisiones técnicas que le son intrínsecas, como la administración del espectro radioléctrico.

No es una exageración afirmar que las decisiones regulatorias más relevantes de los últimos años en materia de espectro radioléctrico se han terminado adoptando en sedes judiciales, más que en el ente regulador. Pero no podemos aspirar a crecer como país al ritmo de la nueva revolución industrial, si la evolución tecnológica queda supeditada y capturada por la judicialización y la vacilación del regulador.

El impulso industrial que nos permite contar hoy con la primera ola de 5G comercial, es el punto de partida para la verdadera transformación: las innovaciones basadas en el uso de 5G.

Mirando hacia el futuro es primordial reafirmar los principios regulatorios que han permitido a Chile ser un líder permanente en la adopción de nuevas tecnologías y la innovación industrial en telecomunicaciones, tales como el respeto al derecho de propiedad; la promoción de la libre competencia; la certeza regulatoria; el incentivar y privilegiar la inversión e iniciativa privada; y una colaboración público-privada transparente y bien diseñada.

Dos corolarios fundamentales de estos principios en materia de telecomunicaciones son la "neutralidad tecnológica" y la "neutralidad de servicio", pues ‒como demuestra la abundante evidencia chilena y mundial‒ solo ellos permiten a los operadores de telecomunicaciones adaptar, de forma efectiva y eficiente, el uso del espectro al intenso dinamismo tecnológico de las telecomunicaciones, a lo largo de los 30 años de vigencia de las concesiones.

Lo opuesto a este sistema exitoso se encuentra en la arcaica visión donde funcionarios del gobierno de turno deciden qué servicios y tecnologías se pueden ofrecer con el espectro, lo que inexorablemente retarda ‒e incluso bloquea‒ el desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones, afectando la inversión, el libre emprendimiento y la democratización del acceso ciudadano a nuevas tecnologías.

La tradición regulatoria chilena debe ser mantenida y afianzada, para que el gran hito del lanzamiento de 5G no se convierta en una obra inconclusa y no perdamos la oportunidad de ser cabeza de serie en la transformación digital que avanza en el mundo.